Search
  • Ignacio De Leon

¿Pagar o no pagar los Bonos 2020? Esa es la cuestión.



He recibido la llamada –a capitulo- de José Ignacio Hernández, procurador (E) designado por el Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, a propósito de un tweet mío de hoy, donde critiqué la decisión de esta entidad en pagar 71.6 millones de dólares por intereses vencidos de los llamados “Bonos 2020” de PDVSA.

Básicamente, el Procurador me ha hecho notar no estar bien informado por opinar que me parece inconveniente haber reconocido el pago de esta deuda.


Agradezco al señor Procurador su preocupación por sacarme del error. De modo que procederé en este artículo a explicar las razones que motivan mi opinión.


  • Legalidad o ilegalidad de los bonos 2020: Esa no es la cuestión.

El Procurador cree que mi error está en no haber sopesado bien las implicaciones jurídicas que trasuntan estos bonos, así que vayamos por partes:

Los Bonos 2020 comportan una obligación de los venezolanos contraída ilegalmente porque fue contraída por el Poder Ejecutivo (Maduro) en desacato de la Constitución (Art. 323), que le obligaba a pedir autorización a la Asamblea Nacional (Art. 187), en 2016.


No obstante, si bien a la luz de la ley venezolana estos bonos son ilegales (por lo cual son responsables quienes participaron en su emisión), es cierto que ellos fueron estructurados bajo la ley del Estado de Nueva York, como es practica usual en el mundo financiero que presta capitales. A los efectos de saber si tenemos deuda o no por pagar, esta es la “música con la que tenemos que bailar”, no la ley venezolana.

Según explica un Comunicado del Procurador, si no hubiera la Asamblea Nacional autorizado la semana pasada el pago de intereses en dichos Bonos 2020, corríamos el riesgo de ver confiscada CITGO: “las condiciones contractuales del bono fueron negociadas para otorgar a los acreedores una garantía perfecta sobre Citgo, que les permite tomar control de esa empresa de manera automática. En esas condiciones, para PDVSA sería muy complicado lograr obtener a tiempo una orden judicial que impida perder control sobre Citgo.


Ignoro si los términos legales de dichos bonos prevén que el deudor (Venezuela) pueda incumplir alegando fuerza mayor, como es bastante obvio que se deduce de la situación actual catastrófica de nuestro país. Supongamos que no es posible: ¿No había otra opción?

Si la había: solicitar al Departamento del Tesoro de los EEUU una Orden Ejecutiva, similar a la Orden Ejecutiva 13303 de 2003, dictada por el entonces Presidente George W. Bush, para proteger el Fondo para el Desarrollo de Irak, de cualquier demanda o intento de confiscación de sus activos. Para entendernos mejor, las órdenes ejecutivas son decretos dictados por el Presidente de los EEUU, que en este caso hubieran podido bloquear cualquier intento de confiscación a CITGO.


La pregunta entonces es ¿se hizo esta petición oportunamente? Si se hizo, ¿por qué un gobierno que se dice amigo, no la concedió, sabiendo que esto es un torpedo contra la credibilidad misma del equipo a cargo de reconstruir Venezuela?


Quizás la orden ejecutiva no iba a llegar jamás: ¿Recuerdan las sanciones del pasado 1 de febrero, introducidas por la Oficina del Departamento para Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, donde se prohibió la compra de bonos venezolanos? Pues bien, esa orden no se extendió a los Bonos 2020. ¿Por qué? Porque la orden preveía que, de aceptar esa dispensa, Maduro podía legalmente excusarse de pagar tales bonos, amparándose en la propia orden del Departamento del Tesoro. Esto, en su opinión, sería absurdo.


En mi opinión, más absurdo es que mientras el Departamento del Tesoro asume que Maduro es el beneficiario de una prohibición de pago emitida por ella, el Departamento del Estado y la Casa Blanca reconocen a Juan Guaidó como Presidente y administrador de esa misma deuda. Para mí, los EEUU están tan confundidos sobre el estatus de Guaidó (y de Maduro) como lo estamos muchos venezolanos. ¿Es Presidente, que reina y gobierna? ¿Es como la Reina de Inglaterra, que reina (tiene legitimidad) pero no gobierna? ¿Es como Maduro, que ni reina ni gobierna pero nadie se atreve a decirlo?


Este seria un absurdo sumado al de una Asamblea Nacional que termina pagando una deuda que nunca autorizó en primer lugar.


Esta confusión puede haber llevado a los representantes del gobierno Guaidó a no haber solicitado una Orden Ejecutiva, sencillamente porque no la estimaron necesaria y prefirieron evitar pedir favores al "gobierno de Trump", que tanto parece incomodar a algunas mentes de la oposición venezolana. Habrán esperado que los acontecimientos se consumaran de manera tal que "hiciesen el mandado" por ellos. Es posible que el 23 de enero, cuando Se juramentó el Presidente Guaidó, todos esperábamos que "algo iba a pasar", se viese el 30 de abril (fecha del vencimiento de estos intereses) como muy lejano; bien se pudo suponer que para entonces ya serian gobierno y estarían renegociando la deuda en bloque, con Orden Ejecutiva a la mano. Sin embargo, llegó la fecha de pago y tuvieron que encarar lo inevitable: que no eran gobierno, y que no tenían orden ejecutiva.


De ser cierto esto, el precio de esta suposición es la suma de 45.34 millones de dólares, esto es, el 57% de diferencial en el valor al cual se pagaron esos intereses (90%) y el máximo precio que hoy cotizaron otros bonos no favorecidos por la dispensa del Departamento del Tesoro (32%, según reporta Banca y Negocios). Esto no es el precio que pagaron los tenedores de estos Bonos 2020, como sibilinamente sugieren algunos opinadores amarillistas. Este es el precio del limbo politico de un gobierno interino que no termina de creerse que es gobierno, que no actúa decididamente para lograr apoyo internacional que trascienda los buenos deseos, para desalojar del poder al dictador. Es un gobierno que se debate entre ser y no ser, incapaz por tanto de estructurar una estrategia de renegociacion de la deuda, incluso teniendo a cargo a un equipo negociador sólido. Es imposible: no existe equipo negociador estrella cuando se desconoce lo que se va a negociar.


Por tanto, este no es un problema jurídico, pese a que el Procurador, en su inclinación profesional, piense lo contrario. Aquí lo que hay es un tema de Poder: Poder de negociación de un deudor (Venezuela) que, de arruinarse y consolidar el estado fallido hacia donde vamos, puede crearle la tormenta perfecta para que EEUU, enfrente dentro de 10 años o menos un problema geopolítico de drogas, refugiados y terrorismo a 4 horas de sus costas, problema extendido a Colombia y otros países de la región. Esta es una razón más que evidente para conceder una Orden Ejecutiva inmediatamente.


  • Ser o no ser gobierno, esa sí es la cuestión.

Esto me lleva a un tema mas profundo, que es ubicar el origen de este problema en la débil posición del equipo de Guaidó, que se presenta como un Poder sin capaz de ejercerlo realmente. Son los interlocutores con el mundo financiero por unas deudas que no pueden negociar, pues por la razón que sea carecen de margen de negociación para hacer posible una restructuración de sus condiciones. Al final, terminamos pagando 90% del valor de una deuda que, Orden Ejecutiva de por medio, no llegaría al 35% de su valor actual en el mercado. Esto no es negociar, sino claudicar.


Por algo el “ser o no ser” de Hamlet representa una de las más trascendentes dilemas de la tragedia humana, dibujada por Shakespeare.


Cuando “seamos”, tendremos a Ricardo Hausmann como Ministro de Finanzas, a Miguel Ángel Santos, como Presidente del BCV, y a Jose Ignacio Hernandez de Procurador (de verdad), con capacidad real para negociar un acuerdo similar al Acuerdo Brady de 1993, que permitió reconvertir la deuda venezolana de entonces en inversión. Ese será un gran día que espero celebrar con cohetes y una botella de cava. Mientras tanto, tenemos unos venezolanos bienintencionados que carecen de la autoritas presidencial para ejecutar un programa que, sin duda, salvaría recursos y vidas.


  • Entretanto, ¿qué hacer?

Propongo una estrategia sencilla:

  1. Primero, exigir al Presidente Guaidó que solicite al gobierno de los EEUU una Orden Ejecutiva para reducir drásticamente el precio de estos Bonos 2020.

  2. Segundo, ofrecer recomprar la deuda pendiente por pagar, que con ese descuento (“corte de pelo” le dicen aquí) compraríamos a precio de remate. Eso eliminaría el riesgo de que CITGO pueda ser rematada.

  3. Tercero, alternativamente, renegociar el colateral (CITGO), había cuenta de que más de la mitad de la deuda de estos bonos ya ha sido pagada.

  4. Cuarto, coger la comunicación enviada por la Fiscal Luisa Ortega Diaz requiriéndoles explicaciones y mandarla al cipote, por caradura.

El próximo octubre se vence la próxima cuota de intereses por pagar (Ya no son 71 millones sino 900 millones de dólares). ¿Van a autorizar ese pago?

595 views
Suscríbete con nosotros
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2023 by Talking Business.  Proudly created with Wix.com

  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon