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  • Ignacio De Leon

Mi pronunciamiento

¿Existe justificación legal para una intervención militar en Venezuela?

La burocracia internacional se ha convertido en una pesada losa para la recuperación de la justicia internacional. Es curioso que este es el legado que dejaran los fundadores de este orden internacional en su lucha contra el totalitarismo genocida, desde 1945. Sin embargo, ese orden ha gestado una enredada madeja de intereses políticos y crematísticos que, tras la inocente apariencia de ONGs presuntamente dedicadas al rescate de la Humanidad, crean toda clase de coartadas y justificaciones al Totalitarismo que dicen combatir.


Para muestra, un botón; pero un botón del tamaño de un estadio de futbol. Luego de ver, en vivo y directo, este fin de semana, cómo el régimen decidió convertir en cenizas las provisiones de leche para niños e insulina para enfermos de diabetes enviadas a Venezuela, y de paso, entretenerse en asesinar civiles desarmados como es su costumbre para afirmar su derecho al genocidio, algunos gurus de la burocracia internacional se preguntan todavía si hay legalmente se justifica una intervención militar.


El Sr. Jose Miguel Vivanco, representante de esa organización curiosa llamada “Human Rights Watch” (El Observador de los Derechos Humanos”), que como el Dios romano Jano, tiene dos caras, pero no para mirar el pasado y el futuro, sino mas bien para ver y no ver la patente incitación al genocidio, ha decidido publicar hoy un tweet que, como el úcase de un zar, apoda “mi pronunciamiento”, en el cual indica que, pese a todo lo que vimos, “no se justifica legalmente una intervención militar.”


O sea, que el “Watch” del Human Rights de Vivanco parece ser un oxímoron, o sufrir un problema visual. Toda una ironía.


A ver Vivanco, ¿será que usted no lee el mismo Twitter que yo? ¿Será que usted está suscrito a una prensa que selecciona las fotos que se avienen a su ideología personal? Se lo pregunto porque en el Twitter que yo leo, ese fundado en 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, y Evan Williams, pude ver a Iris Varela haciéndose selfies con paramilitares y pranes mientras ordenaba disparar contra quien intentara cruzar el Puente Internacional que une Cucuta con San Antonio; pude leer a Delcy Rodriguez jactándose de que esto es apenas “una pequeña muestra de lo que están dispuestos a hacer”; y a Maduro bailando salsa mientras sus sicarios asesinaban inocentes.


¿Sera que en su mundo, hay otra forma de leer las noticias? ¿Será que usted vive en Beijing con Internet trucado? ¿será que sus donantes no le permiten ponerse las gafas cuando lee el periódico en el desayuno?


Quien sabe.


Lo que si es sabido es que desde 1945 el derecho internacional ha construido toda una doctrina, Responsabilidad para Proteger, que no solo permite, sino que obliga a las naciones civilizadas del mundo (porque hay algunas que no lo son, entérese, Vivanco) a intervenir diplomáticamente o por cualquier otro medio (repita conmigo lo segundo, por favor) para prevenir el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra poblaciones indefensas. El caso venezolano, pues. Pero no el único, como se verá enseguida.


R2P impone un limite a la soberanía de los Estados, y un deber correlativo a la comunidad internacional para garantizar dichos derechos humanos. Fue formalmente reconocido en el Reporte Responsabilidad de Proteger de diciembre de 2001 postulado por la Asamblea General de la ONU (A/57/303); y luego ratificado por el Reporte del Panel de Alto Nivel, sobre Amenazas, Desafíos y Cambio, presentado a la Asamblea General en diciembre de 2004 (A/59/565); y por el Reporte del Secretario General de la ONU “Mayor Libertad: hacia el desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” presentado ala Asamblea General en marzo de 2005 (A/59/2005).


Además, el documento Resultados de la Cumbre Mundial de 2005 de la ONU, integrada por Jefes de Estado y de Gobiernos, afirmó su responsabilidad en proteger sus poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad, y aceptó una responsabilidad colectiva de estimular y ayudarse recíprocamente a cumplir este compromiso, y declararon, de conformidad con la Carta de la ONU y en cooperación con organizaciones regionales relevantes, cuando las autoridades nacionales manifiestamente eludan proteger sus poblaciones, y que dicho documento es una resolución de la Asamblea General adoptada al nivel de Jefes de Estado y de Gobierno (A/RES/60/1)


R2P es principio de Derecho Internacional recogido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU No. 1674 de 2006 (sobre protección a civiles en conflictos armados); No. 1706 de 2006 (autorizando el despliegue de contingentes militares en Darfur, Sudan); No. 1970 de 2011 (aprobada por unanimidad); No. 1973 de 2011 (exigiendo cese al fuego inmediato y ataques a civiles constitutivos de crímenes contra la Humanidad en Libia); No. 1975 (exigiendo el cese de la violencia contra la población en Costa de Marfil); No. 2062 de 2013; No. 1996 de (Sudan); No. 2014 de 2011 (condenando violaciones a derechos humanos en Yemen).


Entonces, Vivanco, es claro que “su pronunciamiento” sobre lo legalmente injustificado de una intervención militar en el caso venezolano es impronunciable. Hay que averiguar, mas bien, por qué usted lee otro Twitter distinto al del resto de la Humanidad. Mi pronunciamiento es que por el dinero baila el mono, como reza el viejo refrán castellano. El dinero, en este caso, es el de contribuyentes con una agenda internacional orientada a consolidar gobiernos antiamericanos y anti-Occidente, sean o no totalitarios, como es el caso de la conocida Open Society Institute, del inefable multimillonario George Soros, quien es conocido en el mundo, en el mejor de los casos, como el especulador que en un dia arruinó al Banco de Inglaterra. Entrar a ver por qué Soros, HRW o usted desean extender un minuto más la tragedia venezolana, es tema de otra discusión.


Lo que es claro en esta discusión, es que el derecho internacional no solo permite, sino que obliga, a detener la crisis humanitaria en Venezuela, por los medios que sean necesarios. Y esto no necesita pronunciamientos, necesita acciones. Ese es mi pronunciamiento.

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